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lunes, junio 27, 2022

Gobierno y manifestantes pactan en Colombia las bases para negociar

Poly MartínezBogotá
Actualizado:26/05/2021 01:28h
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A punto de cumplir un mes y con marchas de conmemoración convocadas para este viernes, la negociación entre el Gobierno colombiano y el Comité Nacional de Paro empieza a mostrar avances: el lunes se logró el preacuerdo para instalar la mesa de negociación.

Ese era uno de los puntos que desde diversos flancos le habían insistido acordar al gobierno del presidente Iván Duque, incluso antes de que se reunieran formalmente las partes el 10 de mayo. Tras ocho encuentros, el proceso parece encaminarse hacia una negociación efectiva, ya no a partir de una agenda unilateral, como fue la inicial convocatoria al diálogo por el Gobierno. Esta nueva ha sido fijada conjuntamente y el paso siguiente es que las partes lo protocolicen y empiece la negociación.

El preacuerdo incluye garantías para la protesta social, anunció la portavoz del Comité y miembro de la Asociación
Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior, Laura Alzate: «Hemos logrado un preacuerdo que brinda un marco general sobre las garantías para el ejercicio de la protesta, que nos permita la instalación y el inicio de las negociaciones del pliego de emergencia presentado por el Comité Nacional de Paro».

El pliego de emergencia se refiere a seis puntos que el Comité de Paro presentó al Gobierno, entre ellos: retirada de la Ley de reforma a la salud, ya archivada la semana pasada por el Congreso, y el fortalecimiento del plan de vacunación contra el Covid-19; renta básica de un salario mínimo mensual vigente, casi 200 euros, para los sectores más pobres; priorizar la producción nacional en todos los campos y apoyo a las microempresas; matrícula gratis para estudiantes, ya anunciada por Duque la semana, efectiva a partir del segundo semestre de 2021; no a la discriminación por género, raza u opción sexual; suspender toda privatización de empresas públicas y eliminar un polémico decreto sobre el sistema pensional para los trabajadores del sector informal, que en Colombia se estima en un 48% de la fuerza laboral; suspender la erradicación forzada de cultivos ilícitos; suspender toda reforma a la entidad que financia los estudios de los sectores de menores recursos, y detener cualquier proyecto de ley en trámite que esté relacionado con los asuntos de la mesa.

Este preacuerdo llega en un momento en que el Gobierno se ha visto forzado a cambiar de jefe negociador, pues el fin de semana se conoció que Miguel Ceballos, también Alto Comisionado para la Paz, dejaba el Gobierno por interferencias a su labor por parte del expresidente Álvaro Uribe, al hacer acercamientos directos e inconsultos con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, según dijo Ceballos en una entrevista con el diario ‘El Tiempo’.

Siguen las protestas

Lo que no cambia son las manifestaciones, que se mantienen. En la más reciente encuesta de Invamer, a pesar del hartazgo por los bloqueos y el vandalismo, y la condena a los excesos de la fuerza pública, los colombianos apoyan el paro: el 89% respalda las protestas públicas y el 98% que los manifestantes se reúnan en diversos sitios y protesten pacíficamente.

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