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miércoles, agosto 10, 2022

Denuncia de la Aduana: Cristina Kirchner criticó el «funcionamiento judicial y empresario»

La vicepresidenta criticó la maniobra judicial y empresarial que posibilitó la maniobra de transferencia de un trámite de importación.
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner criticó este lunes el «funcionamiento judicial y empresario» que facilitó la concreción de una maniobra de importación de una empresa sin los exigencias de validación correspondiente mediante una medida cautelar y que luego «cedió» esa autorización a otra firma.

La operación fue denunciada el viernes 15 de julio por la Dirección General de Aduanas (DGA), que detalló las maniobras realizadas por la empresa Yoko, que luego «transfirió» la tutela jurisdiccional que da la medida judicial en beneficio de Tropea, una empresa dedicada a la importación y venta de marroquinería.

«¿Alquiler de cautelares? ¿O sea que las empresas que logran una orden judicial para llevarse dólares oficiales del BCRA, además las alquilan? Esa sí que no la tenía», expresó la vicepresidenta en su cuenta de Twitter.

Alquiler de cautelares? O sea que las empresas que logran una orden judicial para llevarse dólares oficiales del BCRA, además las alquilan? Esa sí que no la tenía. Con este funcionamiento judicial y empresario, Argentina se vuelve casi una misión imposible.https://t.co/24QmoRXddD

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) July 18, 2022

Fernández de Kirchner remató su comentario asegurando que «con este funcionamiento judicial y empresario, Argentina se vuelve casi una misión imposible».

La denuncia
La DGA denunció ante la Justicia en lo sumarial Administrativo una maniobra de importación por parte de Yoko sin el exigencia de validación de la Declaración Jurada Anticipada de Importación (DJAI) del Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI) que luego «cedió» la autorización a otra firma.

De acuerdo con la denuncia presentada, la firma obtuvo autorizaciones judiciales, vía medidas cautelares, para importar mercadería salteándose el exigencia de sancionar la declaración del SIMI.

En un comunicado, la Aduana señaló que Yoko «luego ‘cedió’ la autorización a otra firma, Tropea, una empresa dedicada a la importación y venta de marroquinería con marca propia, para que esta última usufructúe la medida judicial y pueda importar carteras fabricadas en China sin SIMI aprobada».

La denuncia se presentó el viernes 15 de julio en el Juzgado en lo sumarial Administrativo Número 8, a cargo de Osvaldo Otheguy.

En el escrito, la DGA denunció que Yoko no utilizó la «cautelar» en los términos que la obtuvo y que «transfirió» la tutela jurisdiccional que da la medida judicial en beneficio de Tropea.

Para esto, la Aduana expuso ante la justicia una simulación de Yoko mediante una «contrato» de autorización para comercializar la marca «Tropea» romanza por un mes: entre el 21 de junio y el 21 de julio de 2022, en el período en el que la mercadería debía ser nacionalizada con el SIMI preautorizado por Yoko.

«En términos llanos, Yoko le ‘alquiló’ la cautelar a Tropea para que pudiera hacerse de su mercadería» y en definitiva la primera de las empresas mencionadas «funcionó como una usina de SIMI».

«La Aduana debe proteger la industria nacional y el empleo argentino, pero también evitar maniobras por las cuales algunos importadores se quieren hacer de dólares de manera ilegal y engañando al Estado», señaló el director general de Aduanas, Guillermo Michel.

Luego de la detección de la maniobra, la Aduana bloqueó la mercadería antes de que ingresara al mercado, notificó a la empresa de un sumario infraccional y aplicó una multa que podría ser hasta cinco veces el monto importado.

Además, acusó a la empresa de haber violado el Código Aduanero por una declaración inexacta con perjuicio fiscal.

Por último, se presentó ante el fuero sumarial Administrativo Federal, puso en conocimiento de los hallazgos y le reclamó al juez que habiendo sido burlada la medida judicial, se extraigan testimonios para formar una nueva investigación ante la Justicia en lo Penal Económico por presunta estafa procesal en el marco de una importación, lo que lo convierte en un asunto federal.

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